A partir del próximo 2 de diciembre, los hoteles, apartamentos turísticos y otras formas de hospedaje en España estarán sujetos a nuevas normativas sobre la recopilación de datos de sus clientes, debido a la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021. Esta nueva legislación aumenta significativamente la cantidad de información que los establecimientos deberán entregar al Ministerio del Interior.
El principal objetivo, según el gobierno, es reforzar la seguridad ciudadana, ya que las amenazas más graves que enfrenta la sociedad española, como el terrorismo y el crimen organizado, requieren medidas más estrictas de control sobre los viajeros que ingresan a estos establecimientos. Sin embargo, este cambio ha generado preocupación entre algunos sectores debido al riesgo potencial de violaciones de privacidad y la seguridad de los datos recopilados.
De 14 a 42 datos obligatorios: un aumento significativo
Anteriormente, los hoteles estaban obligados a recopilar 14 puntos de información sobre cada huésped, pero con la nueva normativa, esta cifra aumenta a 42. Entre los nuevos datos que deberán ser facilitados destacan aspectos como la relación de parentesco entre los viajeros en el caso de menores de edad, información detallada sobre el pago (incluyendo el tipo de tarjeta, IBAN o soluciones de pago móvil) y datos específicos sobre la transacción contractual.
Según la tabla comparativa del nuevo Real Decreto 933/2021, las nuevas obligaciones incluyen información exhaustiva no solo sobre los viajeros, sino también sobre el propio establecimiento y la empresa arrendadora. Esto abarca desde los datos fiscales del titular del alojamiento hasta detalles sobre el inmueble, como el número de habitaciones y si ofrece conexión a Internet.
Preocupación por la privacidad y la seguridad
A pesar de las garantías gubernamentales sobre la confidencialidad de la información, que se destinará únicamente para fines internos, persisten las dudas sobre la capacidad del sistema para proteger estos datos sensibles. En varias ocasiones, se ha demostrado que las bases de datos gubernamentales no son completamente seguras, lo que ha dado lugar a filtraciones y vulneraciones.
Algunos críticos han señalado que esta acumulación masiva de datos personales, incluida la información bancaria, expone a los viajeros a riesgos innecesarios. A medida que más información privada se almacena en los sistemas, aumenta el atractivo para cibercriminales o actores malintencionados, planteando la pregunta de si realmente se está priorizando la seguridad de los ciudadanos.
¿Qué información se recopilará?
El nuevo reglamento detalla los siguientes grupos de datos que deberán ser proporcionados a las autoridades:
- Datos de la empresa arrendadora: Nombre o razón social, CIF o NIF, y detalles de contacto como el teléfono y el correo electrónico.
- Datos del establecimiento: Tipo de establecimiento, dirección completa y código postal.
- Datos de los viajeros: Nombre completo, documento de identidad, nacionalidad, lugar de residencia habitual, contacto telefónico, y más.
- Datos de la transacción: Incluye información sobre el contrato de hospedaje, como el número de referencia, la fecha de entrada y salida, y los detalles del pago, que pueden incluir el número de tarjeta o el IBAN bancario.
Este cúmulo de información podría ser utilizado para identificar patrones de movimiento, relaciones familiares y hasta detalles financieros de los huéspedes. Ante este escenario, algunos ya han mostrado su preocupación por lo que consideran un «control orwelliano» que podría vulnerar derechos fundamentales.
El argumento del gobierno: seguridad ciudadana
El Ministerio del Interior defiende esta medida como un paso necesario para aumentar la seguridad en un contexto de crecientes amenazas. Afirman que las actividades terroristas y del crimen organizado a menudo se apoyan en redes complejas de desplazamientos y alojamientos, por lo que disponer de información detallada en tiempo real sobre quién se hospeda en los establecimientos permitirá una reacción más rápida y efectiva.
No obstante, muchos se preguntan si el precio de esa seguridad es la pérdida de privacidad de los ciudadanos. Mientras tanto, el debate continúa sobre hasta qué punto es necesario y proporcional este tipo de control, en especial en una sociedad donde los avances tecnológicos también deberían priorizar la protección de la privacidad.
En resumen, la implementación del Real Decreto 933/2021 refleja la tendencia creciente de los gobiernos a exigir más información de los ciudadanos en nombre de la seguridad. Si bien la recopilación de datos puede tener beneficios en términos de prevención de delitos, la gran cantidad de información sensible requerida plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. A partir del 2 de diciembre, los viajeros deberán ser más conscientes de los detalles que comparten cuando se registran en un alojamiento en España, ya que lo que antes era un simple trámite podría convertirse en un exhaustivo análisis de su vida personal y financiera.
