La alianza firmada entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) y LaLiga para impulsar la cultura de la ciberseguridad ha reabierto un conflicto que, desde hace meses, incomoda a buena parte del ecosistema digital español: el impacto de los bloqueos asociados a la lucha contra la piratería audiovisual cuando terminan arrastrando, por el camino, a servicios y páginas web perfectamente legítimos.
El memorándum de entendimiento se formalizó el 14 de enero de 2026 y se presenta como un marco de colaboración para prevenir ciber riesgos tecnológicos que puedan afectar a clubes, sociedades deportivas, aficionados y al conjunto de la sociedad, con especial atención a colectivos vulnerables y menores. Las acciones estarán diseñadas y realizadas por INCIBE y LaLiga, e incluyen también iniciativas contra el discurso de odio y el ciberacoso. Además, el acuerdo incorpora un eje de divulgación del teléfono 017 – Tu Ayuda en Ciberseguridad, un servicio nacional gratuito y confidencial que, según datos de INCIBE, recibió más de 138.000 consultas en 2025, lo que supone un incremento del 40 % respecto al año anterior. La nota oficial recoge declaraciones del secretario de Estado, Antonio Hernando, y del presidente de LaLiga, Javier Tebas, subrayando la dimensión social del proyecto y el objetivo de reforzar un entorno digital “confiable y seguro”.
Sin embargo, la fotografía institucional ha provocado una reacción frontal en asociaciones de internautas, que interpretan el pacto como una señal política en dirección contraria a sus reclamaciones. La Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y la Fundación España Digital (FED) han denunciado que el acuerdo llega “mientras una calla y la otra ejecuta impunemente” medidas que califican de “censura y control” sobre las redes, en referencia a los bloqueos que se activan, especialmente, durante los fines de semana de competición. Para estas entidades, el problema no es que existan medidas legales contra la piratería, sino el cómo: cuando se bloquea una dirección IP asociada a un destino ilícito, el efecto puede alcanzar a terceros que comparten infraestructura.
El talón de Aquiles técnico: bloquear IP en una web cada vez más compartida
La discusión tiene una dimensión técnica que explica por qué el debate no se apaga. En la arquitectura actual de Internet, una misma IP puede servir como puerta de entrada para múltiples dominios y servicios: desde webs corporativas y tiendas online hasta APIs, paneles de administración, repositorios de software o servicios críticos de terceros. Esto ocurre de forma natural en alojamientos compartidos, plataformas de publicación, infraestructuras de balanceo, y, sobre todo, en redes de distribución de contenido y proxies inversos.
En ese contexto, un bloqueo por IP puede convertirse en una medida “de brocha gorda”: se intenta cortar el acceso a un objetivo concreto, pero el bloqueo termina afectando a otros destinos que se apoyan en la misma infraestructura. Las asociaciones sostienen que esta casuística se repite con frecuencia y denuncian que los usuarios, además, quedan en muchas ocasiones sin una explicación clara sobre el motivo del fallo de acceso o sobre los cauces para reclamar.
Neutralidad de la red y supervisión: el punto de tensión
El choque también es institucional. En España, la SETID figura como actor con competencias en el ámbito de las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales, y las asociaciones le reprochan no haber atendido sus peticiones ante los bloqueos y no actuar de oficio pese a los daños denunciados.
En paralelo, la normativa europea sobre Internet abierta establece un marco exigente: las prácticas de gestión del tráfico —cuando están justificadas— deben ser transparentes, no discriminatorias y proporcionadas, y han de aplicarse con criterios objetivos. Para los colectivos críticos, el “sobrebloqueo” contradice precisamente el principio de proporcionalidad cuando se perjudica a terceros ajenos a la infracción perseguida.
La base judicial: por qué el Gobierno insiste en que hay respaldo legal
LaLiga ha defendido en distintas ocasiones que sus acciones se encuentran amparadas por resoluciones judiciales. Y el propio Gobierno, en una respuesta parlamentaria de 2025, reconoció que era consciente de que determinados proveedores estaban ejecutando bloqueos de IP vinculados a la protección de derechos audiovisuales, indicando que se basaban en la Sentencia n.º 310/2024, de 18 de diciembre de 2024, del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona. En ese mismo documento se menciona que se promovieron actuaciones posteriores y que un incidente de nulidad fue desestimado mediante el Auto n.º 295/2025, de 25 de marzo de 2025, lo que reforzaría, según esa explicación oficial, el deber del Ejecutivo de respetar las decisiones judiciales.
Este punto es clave porque marca el terreno: el debate no se limita a una disputa entre usuarios y una entidad privada, sino que se sitúa en la intersección entre ejecución técnica, derechos digitales y mandatos judiciales. El problema, replican los internautas, es que el respaldo legal no elimina la necesidad de garantías prácticas: mecanismos de transparencia, trazabilidad y minimización de daños.
El Defensor del Pueblo, en el centro de las reclamaciones
Las asociaciones explican que solicitaron amparo al Defensor del Pueblo en junio de 2025 y que, meses después, siguen sin noticias del expediente pese a haber pedido intervención urgente. En su nueva petición, insisten en que la continuidad del problema y la ausencia de reacción institucional establecen un precedente “peligroso” para futuras intervenciones privadas sobre la red.
La presidenta de la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerina, ha denunciado públicamente la “inaudita e intolerable pasividad” de instituciones que, a su juicio, tienen “capacidad suficiente” para investigar e intervenir de oficio, y advierte del riesgo de normalizar que actores privados condicionen el acceso a Internet de forma recurrente.
Dos agendas que se cruzan: ciberseguridad pública y control de acceso
El acuerdo SETID–LaLiga se presenta como una herramienta de prevención y concienciación en ciberseguridad, con el 017 como palanca de ayuda ciudadana y foco en menores. Pero el contexto en el que aterriza —con un conflicto abierto sobre bloqueos y neutralidad de la red— hace que parte del sector lo lea como una disonancia: se promueve un “ciberespacio confiable” mientras se discute si determinadas medidas técnicas están generando interrupciones injustificadas.
La pregunta que queda sobre la mesa para el ámbito tecnológico es incómoda y práctica a la vez: cómo compatibilizar la lucha contra la piratería con mecanismos de bloqueo suficientemente precisos como para no penalizar a terceros, y con canales de reclamación eficaces cuando la infraestructura compartida convierte el control de acceso en un “efecto dominó”.
Preguntas frecuentes
¿Por qué los bloqueos por IP pueden tumbar webs legítimas en infraestructuras con CDN o hosting compartido?
Porque varios dominios y servicios pueden resolver hacia la misma dirección IP o pasar por la misma capa de distribución/proxy. Si se bloquea esa IP para frenar un destino ilícito, el bloqueo puede afectar también a otros sitios que comparten infraestructura.
¿Qué es la neutralidad de la red y qué significa que un bloqueo sea “proporcionado”?
La neutralidad de la red busca garantizar un trato equitativo del tráfico de Internet. La proporcionalidad implica que una medida de gestión del tráfico no debe ir más allá de lo necesario para su finalidad y debe minimizar impactos sobre terceros y usuarios finales.
¿Qué papel juega INCIBE en el acuerdo entre la SETID y LaLiga?
Según la comunicación oficial, las iniciativas derivadas del memorándum serán diseñadas y realizadas por INCIBE y LaLiga, con foco en concienciación, prevención de riesgos, apoyo a colectivos vulnerables y visibilidad del servicio 017.
¿Qué es el 017 de INCIBE y por qué se menciona en este acuerdo?
El 017 es una línea nacional gratuita y confidencial de ayuda en ciberseguridad. El acuerdo prevé que LaLiga contribuya a aumentar su visibilidad; INCIBE informó de más de 138.000 consultas en 2025, con un incremento del 40 %.
