El Gobierno asegura que no le consta, “a fecha de hoy”, que se estén produciendo sobrebloqueos documentados cuando las operadoras ejecutan las órdenes judiciales de bloqueo vinculadas a LaLiga y Movistar+, pero al mismo tiempo reconoce que el asunto ha generado debate público y que seguirá su evolución para valorar medidas “en el marco de sus competencias”. La respuesta llega tras una batería de preguntas registradas por el Grupo Parlamentario Republicano (ERC) en el Congreso, que advertía de daños colaterales sobre servicios legítimos y proyectos ciudadanos.
En su respuesta escrita —fechada en Madrid el 2 de octubre de 2025— el Ejecutivo sitúa el origen del problema en sentencias judiciales dictadas en procedimientos por propiedad intelectual entre particulares, cuya ejecución, subraya, corresponde al Poder Judicial. Dentro de esas resoluciones, explica, se contemplan medidas “dinámicas” pensadas para evitar que las páginas infractoras esquiven el bloqueo mediante “webs sucesoras” con contenidos idénticos o similares, un patrón habitual en el ecosistema de la piratería.
El foco: bloqueos por IP y el temor al “efecto arrastre”
El punto más sensible del debate, y el que alimenta la polémica, es el nivel técnico elegido para aplicar las medidas. El Gobierno indica que LaLiga y Movistar+ deben facilitar a las operadoras una relación actualizada de IPs o dominios a bloquear, y que el bloqueo se realiza a nivel de IP para garantizar la eficacia frente a mecanismos de evasión.
Eso, sin embargo, es precisamente lo que varios actores políticos y parte del sector tecnológico señalan como origen del “efecto arrastre”: cuando una IP está compartida por numerosos servicios (por ejemplo, mediante infraestructuras de CDN o hosting), bloquearla puede dejar fuera de juego a webs perfectamente legales que “viven” detrás de la misma dirección. Es el tipo de escenario que ha llevado a algunos grupos a hablar de bloqueos indiscriminados y a pedir criterios de precisión reforzados.
ERC pone nombre al fenómeno: “LaLigaGate” y el caso Transporta’m
En el documento registrado por ERC, los diputados firmantes describen el fenómeno como “LaLigaGate” y señalan que el mecanismo, pensado para frenar retransmisiones ilegales, estaría bloqueando “miles de webs y servicios” sin relación con el fútbol. Como ejemplo, citan Transporta’m, una aplicación ciudadana sin ánimo de lucro para informar en tiempo real sobre incidencias de Rodalies, que —según el texto— da servicio a más de 51.000 usuarios y habría quedado fuera de servicio durante bloqueos.
Entre las preguntas planteadas al Gobierno, ERC pide saber si considera que la medida respeta los principios de proporcionalidad, si ha analizado el alcance real, cuántos servicios legítimos habrían sido afectados, el volumen de daños y si se prevé algún mecanismo de reclamación ágil, además de cuestionar que entidades privadas puedan impulsar bloqueos sin “control público efectivo”.
La respuesta oficial: sin quejas “formales”, sin cifras, y vía judicial
El Gobierno responde con una idea central: no dispone de datos oficiales porque afirma no haber recibido comunicaciones o quejas formales que acrediten casos concretos de sobrebloqueo ante el Ministerio de Cultura. En esa misma línea, sostiene que tampoco cuenta con cifras sobre el número de páginas o servicios legítimos bloqueados, ni con información cuantitativa sobre daños, al no haber sido notificados oficialmente a la Administración.
En cuanto a responsabilidades y reparación, el Ejecutivo insiste en que corresponde al ámbito judicial: tanto la posible depuración de responsabilidades como la valoración y compensación de daños deberían canalizarse por los procedimientos previstos. Aun así, admite como “legítima” la preocupación por disponer de vías ágiles y eficaces, y anima a las entidades afectadas a acudir a los tribunales si estiman que se han producido bloqueos indebidos.
No es la primera vez: antecedentes con BNG, Cloudflare y RootedCON
El caso ya había aterrizado en el Congreso meses antes. En otra respuesta oficial, el Gobierno reconocía ser consciente de que se estaban llevando a cabo bloqueos de IP “a instancia de LaLiga” y citaba expresamente la Sentencia 310/2024, de 18 de diciembre de 2024 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona. También mencionaba el incidente de nulidad presentado por Cloudflare y la asociación RootedCON, que fue desestimado por el Auto 295/2025, de 25 de marzo de 2025. La conclusión del Ejecutivo entonces fue clara: respetar las decisiones judiciales y dejar en manos del juzgado determinar si se están ejecutando conforme a sus términos.
En paralelo, el propio debate político se ha ido calentando con iniciativas parlamentarias y cruce de acusaciones: mientras algunos grupos insisten en que combatir la piratería no puede justificar daños colaterales masivos, otros defienden que la supervisión judicial ya es la garantía suficiente.
Un equilibrio incómodo: propiedad intelectual vs. libertades digitales
En su respuesta a ERC, el Gobierno introduce una frase que resume el dilema: es “importante” mantener un equilibrio adecuado entre la protección de la propiedad intelectual y las libertades fundamentales, recordando que el derecho de acceso a la información debe ser respetado y que, si alguien cree vulnerados sus derechos, puede pedir tutela judicial.
Dicho de otra forma: el Ejecutivo no entra a cuantificar el problema —porque dice no tener notificación formal—, pero sí admite que el asunto existe en la conversación pública y promete observarlo. Para los afectados, eso deja una ruta práctica y poco glamourosa: documentar el bloqueo, conservar evidencias y recurrir por las vías legales, mientras el debate sobre cómo ejecutar estas sentencias con mayor precisión sigue abierto.
Preguntas frecuentes
Cómo saber si una web se ha caído por un bloqueo relacionado con LaLiga y no por un fallo del servidor
Lo más útil es comparar el acceso desde diferentes redes (fibra/móvil) y operadores. Si la web funciona en unas conexiones y en otras no, puede apuntar a un bloqueo por red. También ayuda revisar si el dominio comparte IP con otros servicios afectados (algo común en CDNs).
Qué hacer si un negocio online sufre pérdidas por un bloqueo “colateral” de IP
La recomendación práctica es recopilar pruebas (fechas, capturas, logs, trazas, test desde varios operadores) y reclamar dejando constancia. En la respuesta parlamentaria, el Gobierno remite la reparación de daños al ámbito judicial.
Por qué se bloquea por IP y no solo por dominio
Según el Gobierno, el bloqueo por IP busca hacer efectivas decisiones judiciales frente a técnicas de evasión y “webs sucesoras”. El debate está en que esa técnica puede arrastrar a terceros si la IP es compartida.
Cómo reducir el riesgo de que una web legítima caiga por el bloqueo de una IP compartida
A nivel técnico, algunas medidas habituales pasan por usar IP dedicada, estrategias multi-CDN, rutas alternativas, o arquitecturas que separen servicios críticos. No eliminan el riesgo por completo, pero pueden reducir la dependencia de una única IP compartida en momentos de bloqueo.
Fuentes:
- Respuesta del Gobierno a la pregunta escrita de ERC (184/27540), 2 de octubre de 2025
- Pregunta escrita de ERC (C.DIP 77650), 29 de agosto de 2025
- Respuesta del Gobierno a la pregunta escrita del BNG (184/23776), 17 de junio de 2025
- BandaAncha.eu: “Al Gobierno no le consta que haya sobrebloqueos, pero ‘seguirá con atención la evolución de la situación’” (Bandaancha)
- RedesZone: explicación divulgativa del impacto de los bloqueos por IP en webs legítimas (RedesZone)
