LALIGA y Fastly han anunciado una colaboración para desarrollar soluciones técnicas contra la retransmisión ilegal de eventos deportivos en directo, con especial foco en los partidos de la competición española. Según la nota difundida este 9 de abril, ambas compañías trabajan en un sistema de detección apoyado en Inteligencia Artificial y señales de contenido de los propietarios para identificar emisiones ilegales casi en tiempo real y facilitar su retirada con mayor rapidez. LALIGA insiste además en que la piratería cuesta a los clubes españoles entre 600 y 700 millones de euros al año y asegura que ya ha logrado reducirla un 60 % en España durante la temporada 2024/25 gracias a una estrategia más amplia.

Sobre el papel, el anuncio encaja perfectamente con el discurso que hoy domina el negocio del deporte en directo: proteger el valor de los derechos audiovisuales con herramientas más rápidas, automatizadas y selectivas. El problema es que esta promesa de “mayor precisión” llega en uno de los momentos más delicados para la imagen de LALIGA en internet, precisamente por la controversia que han generado sus bloqueos de direcciones IP en España. Y ahí es donde el anuncio deja una contradicción difícil de ignorar.

La gran promesa: detectar mejor y tocar menos tráfico legítimo

La tesis de Fastly es clara. Su tecnología, según el comunicado, permitiría a sus clientes retirar contenido ilegal con más precisión y reducir drásticamente la ventana de actuación de los servicios piratas, sin necesidad de recurrir a estrategias más agresivas contra intermediarios. La propia directora de producto de Fastly, Kelly Shortridge, subraya que el enfoque se basa en la precisión y no en bloqueos regionales amplios, con la idea de dejar a los aficionados ver el partido mientras se protege el contenido frente al abuso criminal.

Ese mensaje sería impecable si no existiera el precedente inmediato de la propia LALIGA. Desde comienzos de 2025, la organización ha sido duramente criticada por ordenar bloqueos de IP que han afectado a miles de webs y servicios legítimos que compartían infraestructura con emisiones piratas, especialmente en redes de distribución y protección como Cloudflare. La propia Cloudflare llevó a LALIGA a los tribunales en febrero de 2025 denunciando que esos bloqueos eran “desproporcionados” y que habían impedido a millones de usuarios acceder a miles de sitios sin relación con la piratería.

Resulta llamativo hablar ahora de “precisión”

Aquí está el punto más delicado del anuncio. Resulta llamativo que LALIGA hable ahora de precisión cuando lleva meses bajo críticas por una estrategia que muchos afectados han descrito, precisamente, como todo lo contrario: un método de brocha gorda. El propio EL PAÍS recogía en 2025 que la organización estaba forzando bloqueos de IP que aglutinaban cientos de miles de páginas legítimas junto a otras dedicadas a la piratería, y que ese enfoque había sido comparado por los perjudicados con “matar moscas a cañonazos”.

La polémica no es solo retórica. En febrero de 2025, la propia LALIGA publicó una nota oficial anunciando un buzón específico para clientes de Cloudflare afectados por los bloqueos, reconociendo así de facto que existían empresas legales perjudicadas por esas medidas. En esa comunicación, LALIGA sostenía que intentaba minimizar daños y culpaba a Cloudflare de usar a clientes legítimos como “escudo digital”, pero el simple hecho de abrir un canal para afectados ya reflejaba que el problema iba mucho más allá de los piratas.

Es cierto que la justicia española reforzó después la posición de LALIGA. En marzo de 2025, el juzgado desestimó los incidentes de nulidad presentados por Cloudflare, RootedCON y otros demandantes contra la sentencia de 2022 que permite a la organización ordenar bloqueos de direcciones IP a través de las operadoras. Pero incluso en esa victoria judicial, la controversia no desapareció: seguía abierta la discusión sobre el impacto real de esos bloqueos sobre webs legítimas y sobre si la protección de derechos estaba justificando daños colaterales excesivos.

Fastly puede ayudar a LALIGA, pero también a corregir su problema reputacional

Por eso esta alianza con Fastly tiene una doble lectura. La primera es tecnológica: si el sistema realmente permite detectar mejor una retransmisión ilegal concreta y actuar sobre ella sin arrastrar a terceros, LALIGA gana una herramienta mucho más defendible para combatir la piratería. La segunda es reputacional: la patronal del fútbol necesita urgentemente demostrar que puede proteger sus derechos sin provocar cortes indiscriminados que golpeen a miles de empresas, desarrolladores y usuarios en España.

En ese sentido, el anuncio también puede leerse como una admisión implícita de que el modelo anterior no era suficiente. Si ahora Fastly promete una aproximación más quirúrgica, basada en IA y señales específicas de contenido, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se adoptó antes una lógica similar, en lugar de depender durante meses de bloqueos de IP tan controvertidos? La cuestión no invalida el nuevo acuerdo, pero sí obliga a observarlo con bastante escepticismo hasta que sus efectos sean visibles.

LALIGA necesita combatir la piratería, eso está fuera de discusión. El fraude en retransmisiones en directo erosiona ingresos, devalúa derechos y golpea el negocio audiovisual. Pero también necesita hacerlo sin deteriorar la confianza de la internet legítima. Y ahí está la verdadera prueba de esta colaboración. Si Fastly ayuda a pasar de una lógica de bloqueo masivo a otra de intervención selectiva, el acuerdo tendrá sentido. Si el discurso de la precisión termina conviviendo con nuevas caídas de servicios legítimos cada fin de semana, el problema no será técnico, sino de credibilidad.

Preguntas frecuentes

¿Qué han anunciado exactamente Fastly y LALIGA?
Han anunciado una colaboración para desarrollar soluciones técnicas contra la retransmisión ilegal de eventos deportivos en directo, con un sistema apoyado en IA para detectar emisiones piratas casi en tiempo real.

¿Por qué genera polémica que LALIGA hable ahora de precisión?
Porque en 2025 y 2026 LALIGA ha sido criticada por los bloqueos de IP aplicados contra la piratería, ya que esos bloqueos habrían afectado también a miles de webs y servicios legítimos que compartían infraestructura con contenidos ilícitos.

¿Reconoció la propia LALIGA que había empresas afectadas?
Sí. En febrero de 2025 abrió un buzón específico para clientes de Cloudflare afectados por los bloqueos, lo que evidenciaba que existían perjuicios sobre terceros legítimos.

¿La justicia avaló los bloqueos de LALIGA?
La sentencia de 2022 que permite ordenar esos bloqueos siguió en pie después de que en marzo de 2025 se desestimaran los intentos de nulidad presentados por Cloudflare, RootedCON y otros demandantes. Aun así, la controversia sobre los daños colaterales permaneció abierta.