Francia tendrá que rehacer su intento de prohibir las redes sociales a los menores de 15 años. El Consejo Constitucional francés ha anulado las principales disposiciones de la ley aprobada en julio al considerar que imponían una restricción desproporcionada sobre la libertad de expresión y comunicación y que el sistema generalizado de comprobación de edad no incorporaba suficientes garantías para proteger la privacidad de los usuarios. La norma debía empezar a aplicarse el 1 de septiembre de 2026.

Las claves del veto francés en 20 segundos

• Francia pretendía impedir que los menores de 15 años abrieran cuentas en redes sociales desde septiembre.
• Las plataformas también tendrían que actuar sobre las cuentas existentes.
• El Constitucional considera desproporcionada la prohibición general.
• La verificación de edad planteaba además problemas de privacidad para todos los usuarios.
• Emmanuel Macron quiere presentar una nueva versión antes de la primavera de 2027.

La resolución supone un revés para una de las iniciativas digitales más defendidas por Emmanuel Macron, pero también introduce un elemento importante en el debate europeo sobre menores e Internet. Proteger a los niños frente a determinados riesgos de las redes sociales no permite adoptar automáticamente cualquier mecanismo para conseguirlo. El alcance de las restricciones, los derechos de los propios menores y la privacidad necesaria para comprobar su edad también deben formar parte de la ecuación.

El Consejo Constitucional no niega que existan riesgos asociados al uso de estas plataformas ni impide que Francia vuelva a legislar. Lo que cuestiona es que la respuesta escogida supere los requisitos de necesidad y proporcionalidad exigibles cuando se limita una libertad constitucional.

Una prohibición general que iba más allá de TikTok o Instagram

La legislación francesa pretendía establecer una barrera clara: los menores de 15 años no podrían acceder a los servicios considerados redes sociales dentro del ámbito de la norma.

Para las cuentas nuevas, la aplicación estaba prevista desde el 1 de septiembre de 2026. Las cuentas anteriores quedarían sometidas posteriormente a las nuevas obligaciones, con un periodo de cuatro meses previsto para adaptar el sistema. La documentación del proyecto remitida en el marco europeo contemplaba además excepciones para determinados servicios que no presentan los mismos riesgos, como enciclopedias en línea o plataformas destinadas al desarrollo y distribución de software libre.

El problema constitucional no reside únicamente en fijar los 15 años como referencia.

El Consejo considera que la restricción planteada no diferenciaba suficientemente entre situaciones que pueden ser muy distintas. La edad concreta y madurez del menor, las características del servicio utilizado, los riesgos de cada plataforma o la intervención de los padres son elementos que pueden alterar considerablemente el escenario.

Aplicar una prohibición amplia termina tratando de forma similar a servicios y menores con circunstancias diferentes.

El tribunal concluyó por ello que las disposiciones examinadas suponían una restricción que no resultaba adecuada, necesaria y proporcionada respecto a la libertad de expresión y comunicación de los menores de 15 años.

La decisión resulta especialmente relevante porque Francia aspiraba a convertirse en uno de los primeros grandes países europeos en establecer una barrera nacional de este tipo.

Pero el segundo problema detectado por el tribunal probablemente tenga todavía más implicaciones para el resto de Europa.

Para saber quién tiene 15 años hay que comprobar también a los adultos

Una plataforma no puede saber automáticamente quién tiene 13, 14, 16 o 45 años.

Para hacer efectiva una prohibición por edad necesita algún mecanismo que permita distinguirlos. Y eso conduce inevitablemente a uno de los debates más complicados de la regulación actual de Internet: cómo acreditar la edad de una persona sin convertir esa comprobación en un sistema de identificación generalizado.

La norma francesa obligaba a utilizar mecanismos de verificación de edad, pero el Consejo Constitucional consideró insuficientemente definidos sus límites y condiciones.

El problema afecta potencialmente a todos.

Para determinar que una persona no tiene menos de 15 años, una plataforma puede necesitar verificar también la edad de quien afirma tener 20, 35 o 60. La protección de los menores puede acabar generando así una obligación de comprobación que alcanza a millones de adultos.

El Constitucional señaló que el legislador no había establecido las garantías legales suficientes para proteger adecuadamente el derecho al respeto de la vida privada ante esa comprobación.

Esta parte de la resolución traslada el debate desde la protección infantil hasta la arquitectura de identidad de Internet.

No es lo mismo marcar una casilla afirmando que se tienen más de 15 o 18 años que demostrarlo técnicamente. Una comprobación efectiva puede recurrir a documentos de identidad, intermediarios de confianza, credenciales digitales o estimaciones de edad, pero cada sistema introduce diferentes implicaciones sobre privacidad, tratamiento de datos y posibilidad de seguimiento.

La Unión Europea trabaja precisamente en mecanismos que permitan demostrar determinados atributos, incluida potencialmente la edad, procurando minimizar los datos revelados. El reto consiste en acreditar que alguien supera un umbral sin necesidad de comunicar a cada plataforma su identidad completa o su fecha exacta de nacimiento.

Francia ya había intentado legislar sobre esta materia. Una ley de 2023 estableció los 15 años como edad de consentimiento digital para registrarse en redes sociales sin autorización paterna, pero su aplicación quedó bloqueada por problemas de compatibilidad con la legislación europea, especialmente con el Reglamento de Servicios Digitales (DSA).

La nueva iniciativa pretendía superar aquella situación. Ahora se ha encontrado con el límite constitucional interno.

Macron no abandona la prohibición

La resolución no parece haber cerrado políticamente el asunto.

Macron ha encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, que prepare una nueva propuesta que incorpore las objeciones planteadas por el Consejo Constitucional y respete tanto el marco constitucional francés como el europeo.

El objetivo del Elíseo es disponer de una nueva legislación antes de la primavera de 2027. Macron no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo en las elecciones presidenciales de ese año, pero la protección de los menores frente a las redes sociales se ha convertido en una de las cuestiones que pretende dejar encaminadas antes de terminar su presidencia.

Francia tampoco está sola.

Australia ha avanzado más lejos con una prohibición para menores de 16 años, mientras diferentes gobiernos europeos estudian restricciones, sistemas de verificación y nuevas obligaciones para las plataformas. El Parlamento Europeo también ha analizado durante 2026 las distintas opciones disponibles y las experiencias nacionales que están apareciendo dentro de la UE.

La resolución francesa introduce, sin embargo, un aviso para cualquier país que quiera seguir el mismo camino.

Establecer una edad mínima resulta jurídicamente mucho más sencillo que construir el sistema necesario para hacerla cumplir.

Una prohibición sin comprobación de edad puede ser fácilmente eludida introduciendo una fecha de nacimiento falsa. Una verificación estricta puede afectar a la privacidad de toda la población. Y una restricción absoluta puede entrar en conflicto con los derechos de los propios menores, especialmente cuando no diferencia entre plataformas, edades, usos o autorización familiar.

El debate tampoco tiene por qué reducirse a permitir o prohibir las redes sociales. Existen alternativas centradas en las características de las plataformas: sistemas de recomendación, publicidad dirigida, recopilación de datos, diseño adictivo, contacto con desconocidos, configuración de privacidad o controles parentales.

Precisamente ahí puede estar una de las claves del próximo intento francés. El Constitucional no ha establecido que Francia deba permitir sin condiciones el acceso de los menores a cualquier red social. Ha determinado que la fórmula aprobada para impedirlo restringía derechos fundamentales de una manera que no estaba suficientemente justificada ni protegida.

Macron puede volver a intentarlo. Pero la siguiente ley tendrá que resolver una pregunta que también deberán afrontar España y el resto de países europeos que estudien medidas similares: cómo proteger a los menores sin exigir a toda la población que renuncie a parte de su privacidad para demostrar su edad.

Preguntas frecuentes

¿Francia ha prohibido finalmente las redes sociales a menores de 15 años?

No. El Consejo Constitucional ha anulado las disposiciones principales que debían permitir aplicar la prohibición prevista desde septiembre de 2026.

¿Por qué ha rechazado la ley el Consejo Constitucional?

Considera que la restricción sobre la libertad de expresión y comunicación de los menores no era suficientemente proporcionada. También detectó falta de garantías en el sistema previsto para verificar la edad de los usuarios.

¿Significa que Francia ya no podrá establecer una edad mínima?

No. El Gobierno puede presentar una legislación diferente que respete las exigencias constitucionales y el marco jurídico europeo.

¿Macron volverá a intentar aprobar la prohibición?

Sí. Ha encargado al primer ministro Sébastien Lecornu preparar una nueva propuesta y el Elíseo pretende que pueda aprobarse antes de la primavera de 2027.