La reciente sentencia dictada en el conflicto entre LaLiga y el diario EL ESPAÑOL ha sacudido el ecosistema del fútbol y de los medios deportivos en España. Lo que comenzó como una denuncia pública de Florentino Pérez sobre el dinero que la patronal del fútbol profesional destina a medios de comunicación, ha terminado convertido en un caso judicial que apunta directamente a la relación entre Javier Tebas, la prensa y el relato público sobre la llamada “Liga de Tebas”.
El origen del conflicto se sitúa en un reportaje de EL ESPAÑOL que cifraba en 139,42 millones de euros el gasto de LaLiga, en un periodo de cinco años, en conceptos de publicidad, propaganda y relaciones públicas. La pieza ponía el foco en cómo se reparten esos importes entre distintos medios y soportes de comunicación, y lo hacía en un contexto de creciente tensión entre el presidente del Real Madrid y el presidente de LaLiga, Javier Tebas.
Florentino Pérez llegó a trasladar la cuestión a la propia Asamblea de socios del club blanco: no consideraba “normal” que la patronal repartiera millones entre medios de comunicación y pidió por escrito conocer cuánto cobra cada medio y cuánto percibe cada periodista. Según ha explicado el jurista Miguel María García Caba, esa fue la chispa que acabó desencadenando la vía judicial.
La demanda de LaLiga y el intento de rectificación
LaLiga respondió al reportaje acudiendo a los tribunales. La patronal solicitó una rectificación de gran alcance, cuestionando tanto la cifra global de 139 millones como la forma en la que el artículo la presentaba, y tratando de frenar un relato que vinculaba esa inversión en comunicación con la influencia sobre el ecosistema mediático deportivo.
En paralelo, en el debate público se popularizó una expresión que no es nueva pero que en este contexto ha cobrado fuerza: la “Liga de Tebas”. Bajo esa etiqueta, aficionados y analistas describen la percepción de que la institución y la figura de su presidente se confunden hasta el punto de identificar la marca de la competición con el propio Javier Tebas.
Lo singular del caso es que la patronal decidió dirigir su acción judicial contra uno de los pocos medios que, según recuerdan los protagonistas de este debate, no forman parte del círculo de soportes que reciben campañas o patrocinios de LaLiga.
Lo que dice la sentencia: veracidad, crítica y enemistad manifiesta
La resolución judicial, según el resumen difundido por García Caba, supone un serio revés para las pretensiones de LaLiga. El juez concluye que la patronal no ha logrado acreditar inexactitud alguna en los datos económicos publicados: ni una cifra falsa, ni una partida inventada, ni un error relevante en el desglose del gasto en publicidad, propaganda y RRPP. En otras palabras, la cifra de 139,42 millones en cinco años se mantiene en pie como dato procedente de la propia documentación de LaLiga.
Otro de los puntos relevantes es el tratamiento de la expresión “LaLiga de Tebas”. El juez reconoce que forma parte del debate público sobre la competición y sobre la forma en la que se gobierna, y no la considera una vulneración del honor en sí misma, sino una etiqueta descriptiva de una realidad percibida: un presidente muy presente que personaliza las decisiones de la institución.
La sentencia también alude a la existencia de una “enemistad manifiesta” entre LaLiga y EL ESPAÑOL. Este elemento contextual no invalida la información publicada, pero sí ayuda a enmarcar el conflicto: la acción judicial no se dirige contra todos los que informan sobre las cuentas de la patronal, sino, en este caso, contra un medio concreto con el que ya existía un enfrentamiento previo.
En síntesis, el juzgado no entra a valorar si gastar 139 millones en comunicación es oportuno o proporcionado; lo que sí hace es confirmar que informar sobre ello, con datos provenientes de la propia entidad y sin falsearlos, entra dentro de los límites de la libertad de información.
Un debate incómodo para el fútbol y los medios
La consecuencia práctica de la sentencia va más allá del cruce personal entre Florentino Pérez y Javier Tebas. Lo que se pone sobre la mesa es un debate delicado: hasta qué punto las grandes organizaciones deportivas pueden o deben invertir decenas de millones en publicidad y relaciones públicas en los mismos medios que después informan —y editorializan— sobre ellas.
Para buena parte de la opinión pública, la duda es clara: si una competición profesional “riega” con grandes campañas a televisiones, radios, periódicos y medios digitales, ¿queda intacta la independencia de esos medios a la hora de fiscalizar su gestión? El hilo de García Caba subraya precisamente ese ángulo: casi ningún medio recogió en su momento las quejas de Florentino Pérez sobre estos pagos, y, en cambio, sí se ha visto cómo un medio que no forma parte de ese circuito ha terminado sentado frente a LaLiga en los tribunales.
Desde una óptica jurídica, el mensaje de la resolución es nítido: la rectificación no puede usarse como herramienta para borrar informaciones incómodas si están apoyadas en datos verificables. El derecho al honor y el derecho a la información conviven, pero en este caso concreto el juez entiende que prevalece el interés informativo de explicar cómo se gasta el dinero en una entidad que forma parte del corazón del deporte profesional en España.
Qué queda por esclarecer
La sentencia no responde a todas las preguntas. El detalle fino de esos 139,42 millones —qué medios han cobrado, cuánto cada uno, en qué conceptos concretos— sigue siendo, a día de hoy, una incógnita para el gran público. Lo que el fallo sí confirma es que esas cantidades existen y que forman parte de la política de comunicación de LaLiga.
A partir de aquí, el foco se desplaza al terreno de la transparencia y del buen gobierno:
- ¿Debe LaLiga publicar un desglose más detallado de estos gastos?
- ¿Deberían los propios medios hacer públicos los importes que perciben de grandes actores del deporte profesional?
- ¿Es compatible recibir campañas millonarias y, al mismo tiempo, informar con plena independencia sobre quien las paga?
Son cuestiones que la sentencia no puede resolver, pero que el fallo vuelve a colocar en el centro de la conversación sobre el futuro del periodismo deportivo y sobre la gobernanza del fútbol profesional en España.
Preguntas frecuentes sobre el caso de los 139 millones de LaLiga
¿Qué ha aclarado exactamente la sentencia sobre los 139,42 millones de LaLiga?
El juzgado ha dado por buena la cifra global de 139,42 millones de euros en cinco años dedicada a publicidad, propaganda y relaciones públicas, al entender que LaLiga no ha logrado demostrar que el artículo que la difundía contuviera datos falsos o inexactos. La controversia no era tanto si ese dinero se había gastado, sino si podía afirmarse y contextualizarse públicamente sin vulnerar el honor de la institución.
¿Significa esta resolución que LaLiga ha cometido alguna ilegalidad penal con esos gastos?
No. La sentencia se enmarca en el ámbito del derecho al honor y del derecho de rectificación y se centra en la veracidad y licitud de la información publicada. No es un procedimiento penal sobre el destino de los fondos, sino un análisis de si el reportaje y las expresiones utilizadas sobre la “Liga de Tebas” sobrepasaban o no los límites de la crítica amparada por la libertad de información y de expresión.
¿Qué implica que el juez hable de “enemistad manifiesta” entre LaLiga y EL ESPAÑOL?
La referencia a la “enemistad manifiesta” sirve para contextualizar el conflicto: el juez reconoce que existe una relación tensa entre la patronal y el medio demandado. Sin embargo, esa enemistad no invalida automáticamente la información; al contrario, la resolución insiste en que, incluso en contextos de enfrentamiento, los datos ofrecidos deben ser refutados con pruebas si se quiere obtener una rectificación judicial.
¿Puede este caso cambiar la relación entre LaLiga, los clubes y los medios de comunicación?
Es pronto para medir el impacto real, pero el caso ya ha abierto un debate sobre transparencia, independencia editorial y uso de fondos en campañas de comunicación. Clubes, periodistas y aficionados disponen ahora de una resolución judicial que avala el interés informativo de fiscalizar cómo se gastan esos 139,42 millones de euros, y que recuerda que acudir a los tribunales no garantiza silenciar informaciones incómodas cuando están basadas en documentación verificable.
