La Comisión Europea presenta directrices del DSA y un sistema piloto de verificación de edad, en una medida que despierta preocupación entre defensores de la privacidad y educadores
La Comisión Europea ha presentado este lunes dos medidas claves bajo el paraguas del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) para reforzar la protección de los menores en entornos digitales. Junto a las nuevas Directrices sobre la Protección de Menores, ha sido anunciado también el lanzamiento de un plan piloto de verificación de edad online, en colaboración con cinco Estados miembros: Dinamarca, Francia, Grecia, Italia y España.
Aunque el objetivo declarado es noble —garantizar un entorno digital más seguro para los niños y adolescentes—, la iniciativa ha suscitado un debate creciente sobre los límites del control estatal en Internet, la eficacia real de estas medidas y su impacto en la privacidad de los ciudadanos.
Una protección ambiciosa… con preguntas sin resolver
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, subrayó que con uno de cada tres usuarios de Internet siendo menor de edad, es urgente implementar mecanismos que prevengan la exposición a contenidos dañinos o inapropiados. Las directrices del DSA —no vinculantes pero sí decisivas como referencia legal— instan a las plataformas a establecer por defecto configuraciones privadas, eliminar mecanismos adictivos, dar más control sobre los algoritmos de recomendación y facilitar herramientas de denuncia adaptadas a los menores.
Sin embargo, el elemento que más ha llamado la atención es el sistema de verificación de edad que se quiere implantar a nivel europeo: una aplicación armonizada que permitiría demostrar que el usuario es mayor de 18 años antes de acceder a ciertos contenidos. Aunque desde Bruselas aseguran que será «respetuosa con la privacidad», no se han ofrecido detalles técnicos concretos ni se ha aclarado cómo se garantizará que esta verificación no derive en una forma encubierta de control y seguimiento digital.
¿Verificación estatal o educación digital?
Las reacciones no se han hecho esperar. Diversos grupos de derechos digitales han señalado que verificar la edad implica inevitablemente tratar con datos sensibles: fecha de nacimiento, identidad legal, metadatos de conexión… aunque se afirme que los sistemas serán «privacy-preserving», la historia reciente ha demostrado lo frágiles que pueden ser las promesas institucionales frente a los errores técnicos o los abusos políticos.
Por su parte, expertos en pedagogía y docentes han alertado sobre una delegación excesiva del rol educativo al ámbito tecnológico y gubernamental. “El mejor filtro no es un algoritmo, es una conversación”, apunta Marta, profesora de secundaria especializada en competencia digital. “La educación sobre el uso responsable de Internet empieza en casa, con las familias, y continúa en la escuela. No se puede pretender que una app estatal sustituya eso”.
Muchos educadores reclaman una inversión seria en alfabetización digital, formación docente y campañas dirigidas a padres, más que en mecanismos tecnológicos punitivos o restrictivos. La preocupación, dicen, no es solo el contenido al que se accede, sino la falta de preparación crítica con la que los menores navegan en redes sociales, plataformas y foros.
Un modelo con riesgos: ¿camino hacia un DNI digital obligatorio?
Aunque desde Bruselas insisten en que el sistema de verificación de edad no requerirá almacenamiento masivo de datos, algunos observadores temen que se esté sentando el precedente hacia una forma de identificación obligatoria para cualquier acceso digital, algo que cambiaría radicalmente el modelo actual de anonimato y libertad en la red.
“El paso de la protección infantil al control general de acceso puede ser solo cuestión de tiempo”, alerta Antonia González, experta en tecnología. “En nombre de la protección, se están normalizando herramientas que pueden servir para la vigilancia masiva si cambian las condiciones políticas”.
Además, la efectividad de estas medidas es cuestionable: los menores más avezados digitalmente pueden usar redes privadas virtuales (VPN), identidades falsas o dispositivos compartidos para evitar los controles. Y, como han demostrado estudios recientes, el control técnico sin acompañamiento educativo tiende a ser fácilmente eludido.
¿Qué alternativas hay?
El debate en torno a la protección de menores en Internet es legítimo y necesario. Pero muchos defienden que la solución no pasa por blindar el acceso de forma vertical y burocrática, sino por construir una sociedad digital más empática, crítica y consciente.
Esto incluye:
- Formar a padres y madres en competencias digitales básicas.
- Dotar a los profesores de herramientas para educar en el uso ético y seguro de Internet.
- Impulsar contenidos de calidad para menores, que compitan con los algoritmos del entretenimiento adictivo.
- Y sí, exigir a las plataformas tecnológicas que respeten la privacidad y la seguridad infantil… pero desde la transparencia y la pedagogía, no desde la vigilancia.
Conclusión
Las nuevas medidas de la Comisión Europea reflejan una intención clara de proteger a los menores, pero abren la puerta a una vigilancia algorítmica que puede acabar erosionando derechos fundamentales si no se gestiona con extrema cautela. La seguridad digital infantil no se logra solo con controles automáticos: se construye con educación, responsabilidad compartida y sentido crítico.
Como advirtió una vez el filósofo y pedagogo Neil Postman, “cada tecnología nueva implica una filosofía nueva. Antes de dejar que se instale, hay que preguntarse: ¿qué tipo de persona promueve esta tecnología, y qué tipo de sociedad propicia?”. En el caso del control de edad en Internet, la pregunta sigue abierta.
Fuente: Noticias Educación