La discusión ya no es si hay que combatir la piratería —eso está fuera de duda—, sino cómo se está haciendo. Cloudflare ha pedido a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que clasifique como barreras al comercio digital ciertos bloqueos judiciales de direcciones IP en países aliados, con España en primera línea. La compañía sostiene que estas órdenes, dictadas a menudo ex parte y sin notificación previa a los terceros afectados, cortan por lo sano y dejan fuera de juego a miles de servicios legítimos que comparten infraestructura.
LaLiga, una de las principales impulsoras de estas medidas, defiende que se trata de cortes “proporcionados” y “quirúrgicos”. Pero la realidad técnica cuenta otra historia: bloquear una dirección IP en 2025 es, salvo excepciones, tan impreciso como amputar un brazo por una herida en el dedo. Con CDN, IPs compartidas, anycast y reverse proxies, lo que se corta rara vez es un único sitio “pirata”; se cercenan docenas o cientos de webs que nada tienen que ver con el conflicto.
El corazón del problema: IP compartidas y órdenes sin contradicción
Cloudflare describe el patrón con claridad. Un tribunal ordena bloquear una IP por la que pasa una retransmisión ilícita. Esa IP no es “la IP de la web pirata”: es un punto de acceso compartido protegido por la red de la compañía, utilizada por múltiples clientes: desde startups y tiendas hasta webs institucionales. Cuando la operadora aplica el bloqueo, todos caen a la vez.
El problema se agrava porque muchas de estas órdenes se dictan sin audiencia previa a los terceros afectados —ex parte—, de modo que nadie puede advertir al juez de que la IP es compartida ni proponer alternativas (bloqueos DNS, SNI, URLs o medidas de duración limitada) que minimicen el daño colateral. La consecuencia es una incertidumbre jurídica que, según Cloudflare, disuade a proveedores estadounidenses de operar con normalidad en España.
LaLiga: “bloqueos proporcionados y quirúrgicos”—Internet: “no funciona así”
Desde el lado de los derechos, la réplica es conocida: “son bloqueos proporcionados y quirúrgicos”. El argumento es que, frente a emisiones dinámicas y volátiles, hay que “tapar el agujero” con rapidez, y ya habrá tiempo de delimitar la medida. La experiencia en la red es más tozuda. En un Internet de compartición de direcciones y tráfico multiplexado, bloquear una IP equivale muchas veces a cortar un cable de cobre: todo lo que cuelga de ese hilo se apaga.
A eso se suma el efecto “agua entre los dedos”: los operadores ilícitos rehúsan, migran a dominios espejo, activan IPv6, mueven su hosting al extranjero, orquestan accesos por Telegram, IPTV o aplicaciones paralelas, y a menudo vuelven a estar operativos en minutos u horas. Para el usuario legal, sin embargo, la caída no se arregla sola: la tienda, el consultorio, el portal municipal que compartía IP con un tercero se queda fuera hasta que alguien reconstruye la ruta o abre un “ticket” que, con suerte, alguien atiende.
Lo que propone Cloudflare: debido proceso digital y bisturí, no hacha
La propuesta de la compañía no es “no bloquear nada”. Pide al Gobierno de EE. UU. que reconozca oficialmente estas prácticas como barreras comerciales digitales y que promueva un estándar internacional de debido proceso para órdenes de bloqueo con tres garantías mínimas:
- Notificación previa a los proveedores de infraestructura implicados,
- Derecho de defensa y de acotar alcance (por ejemplo, DNS/SNI, URLs, ventanas temporales ligadas a eventos), y
- Apelación con métricas de reversión en caso de daño colateral.
Además, solicita evitar la reclasificación de los CDN como operadoras de telecomunicaciones —una figura que implicaría licencias, tasas y obligaciones que no solucionan el problema técnico— y revisar políticas locales que fragmentan la red o discriminan a proveedores extranjeros.
Piratería: mucha pólvora, pocos resultados
Más allá del principio jurídico, está el balance práctico. Tras varios años de bloqueos masivos, la piratería persiste: cambia de forma, de dominio, de protocolo, de aplicación. La elasticidad de estas redes —y el bajo coste de levantar nuevos espejos— hace que los cortes no erradiquen el problema y, sin embargo, sí castiguen a miles de sitios legítimos que comparten puntos de la infraestructura. La analogía médica —amputar un brazo por una herida en un dedo— no es un chiste fácil: describe la desproporción técnica de cortar IP completas en un ecosistema compartido.
La paradoja es incómoda: los infractores aprenden a esquivar; los inocentes necesitan soporte humano y tiempo para volver a la normalidad. En medio, el usuario que paga por su conexión, por su hosting o por su servicio no entiende por qué se ha quedado sin acceso por una pelea con la que no tiene nada que ver.
¿Se puede bloquear mejor? Sí, pero requiere coordinación
Hay alternativas menos destructivas que un IP drop indiscriminado:
- Bloqueos DNS o SNI cuando el tráfico lo permite, evitando arrastrar a vecinos de IP.
- Órdenes de corta duración ligadas a eventos (por ejemplo, un partido) con un mecanismo de exclusión: si un tercero demuestra daño, la IP se libera en minutos.
- Comunicación previa con CDN y operadores para identificar rutas alternativas o IPs dedicadas que permitan aislar el objetivo.
- Listas dinámicas con evidencias que permitan documentar el resultado (qué cayó, cuánto tiempo, a quién afectó) y mejorar cada siguiente orden.
Nada de esto es gratis. Cuesta organización y fricción. Pero es precisamente el tipo de fricción saludable que diferencia una cirugía de un hachazo.
España en la foto (y lo que está en juego)
En su envío a la USTR, Cloudflare menciona específicamente a España y pone ejemplos de órdenes ex parte que no permiten a los afectados impugnar ni afinar el alcance. La compañía no acusa de mala fe al Gobierno, pero sí señala una forma de proceder que “crea incertidumbre y riesgos para proveedores estadounidenses”. Si Estados Unidos recoge el guante, el asunto puede escalar a la diplomacia comercial y abrir un diálogo con Bruselas y las capitales europeas sobre procedimiento y proporcionalidad.
Para LaLiga y otros titulares de derechos, el reto es de eficacia: si el objetivo es reducir la piratería, la medida debe ser precisa y medible. Para operadores y CDN, la preocupación es de continuidad de servicio: evitar que miles de inocentes sean daño colateral de cada orden. Para los jueces, el desafío es equilibrar urgencia y garantías en un entorno técnico que no siempre está presente en la sala.
Un mínimo de realismo técnico
Llamar “quirúrgico” a un bloqueo por IP en plena era de CDN e IP compartidas suena, como mínimo, desinformado. No es cuestión de etiquetas: es cómo funciona Internet. Quien pida ese tipo de medidas debería, como poco, entender sus efectos laterales y aceptar un procedimiento que escuche a quienes operan la infraestructura antes de desconectar medio barrio para apagar una bombilla.
Preguntas frecuentes
¿Estos bloqueos han acabado con la piratería de fútbol u otros contenidos?
No. Han logrado entorpecer emisiones puntuales, pero la piratería se reconfigura (dominios espejo, IPv6, apps, IPTV, Telegram) y vuelve. El daño persistente, en cambio, se lo llevan miles de servicios legítimos que comparten IP o ruta.
¿Qué significa que una orden sea “ex parte”?
Que se dicta sin audiencia previa de los terceros afectados. Es útil para reaccionar rápido, pero deja sin voz a proveedores y clientes inocentes que podrían proponer alternativas menos dañinas.
¿Existe una vía “quirúrgica” real?
Sí: DNS/SNI, URLs y tiempos acotados, con mecanismo de exclusión y coordinación previa entre jueces, operadores y CDN. Requiere procedimiento y tiempo, pero evita amputaciones innecesarias.
¿Qué pide exactamente Cloudflare a EE. UU.?
Que reconozca estas prácticas como barreras comerciales digitales y que promueva un estándar internacional de debido proceso: notificación, derecho de defensa y apelación, además de evitar reclasificar a los CDN como operadoras.
Fuentes
- Presentación de Cloudflare a la USTR para el National Trade Estimate Report 2026: bloqueos IP, órdenes ex parte y solicitud de debido proceso digital.
- Cobertura de medios tecnológicos españoles sobre bloqueos en España vinculados a retransmisiones deportivas y su impacto en servicios legítimos.
- Prácticas conocidas de operadores y tribunales en bloqueos por propiedad intelectual (medidas dinámicas, alcance, efectos).
