La plataforma X, anteriormente conocida como Twitter y propiedad de Elon Musk, está en el centro de un nuevo escrutinio en Europa. Las autoridades de la Unión Europea (UE) están investigando si la red social ha incumplido las estrictas normativas de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), debido a su enfoque más permisivo hacia la libertad de expresión, que algunos consideran fomenta la difusión de contenido dañino.
Además, los investigadores también están analizando el papel político de Musk en Europa, en medio de preocupaciones sobre posibles intentos de influir en los procesos democráticos a través de su plataforma.
La investigación en curso
Según informa Bloomberg, los funcionarios de la UE están avanzando rápidamente con su investigación sobre X y planean presentar sus hallazgos próximamente. La DSA exige que las plataformas digitales mantengan estrictos estándares en la moderación de contenido, especialmente en la lucha contra la desinformación. La investigación comenzó en 2023, poco después de que Musk adquiriera la red social, para determinar si su política de «libertad de expresión, no de alcance» viola estas reglas.
Las preocupaciones aumentaron tras las declaraciones públicas de Musk en apoyo al partido alemán Alternativa para Alemania (AfD), considerado por muchos como de extrema derecha, y su creciente interés en la política europea. Musk también ha emitido opiniones sobre decisiones de liderazgo regional en la UE y ha sido acusado de intentar influir en la política británica.
El impacto de X en los procesos democráticos
Un área clave de preocupación es si Musk podría estar manipulando los algoritmos de X para amplificar contenido que favorezca a los candidatos o partidos que respalda, lo que violaría los principios de neutralidad política establecidos en la DSA. Esta inquietud se basa en el historial de Musk en las elecciones de EE. UU., donde presuntamente utilizó la plataforma para fortalecer la campaña de Donald Trump.
La posibilidad de que un multimillonario utilice una plataforma global para influir en las elecciones genera alarmas sobre el impacto que esto podría tener en los procesos democráticos y la soberanía de las decisiones políticas en Europa.
Reacciones desde X
Ante las recientes investigaciones, la CEO de X, Linda Yaccarino, calificó estas acciones como una «represalia ilegal contra la discusión abierta». Este argumento parece ser parte de la estrategia de defensa de la compañía frente a cualquier medida regulatoria.
Por su parte, la UE tiene un sólido historial de imponer sanciones a empresas que incumplen sus normas, lo que indica que los enfrentamientos entre X y los gobiernos europeos podrían intensificarse en los próximos años.
¿Qué sigue?
El resultado de esta investigación no solo será crucial para definir el futuro de X en Europa, sino también para establecer cómo se aplicarán las normativas sobre contenido digital y neutralidad política en un mundo donde las plataformas sociales juegan un papel cada vez más central en la sociedad. Las conclusiones podrían sentar precedentes sobre cómo las grandes plataformas deben equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad social y la integridad democrática.
