Mientras países como Italia y Francia despliegan estrategias legales y tecnológicas para frenar las retransmisiones ilegales, España presume de eficacia… pero su modelo despierta cada vez más críticas por los efectos negativos sobre la neutralidad de la red y derechos de terceros
La piratería en las retransmisiones deportivas sigue siendo uno de los grandes desafíos para las ligas europeas. Con millones de visualizaciones ilegales cada fin de semana, los organismos nacionales y las ligas profesionales tratan de contener una amenaza que no solo afecta a los ingresos televisivos, sino también a la viabilidad del deporte profesional tal y como lo conocemos.
En este contexto, Italia ha desplegado un sistema robusto de bloqueo y sanción, mientras que Francia comienza a legislar incluso contra las VPN. Pero es en España donde crece el debate: ¿hasta qué punto el modelo de LALIGA es realmente eficaz y proporcionado? ¿Está sacrificando principios fundamentales como la neutralidad de la red en su cruzada contra la piratería?
Italia: tecnología y castigo ejemplar
Italia lidera actualmente la ofensiva antipiratería en el fútbol. Desde febrero de 2024, la Lega Serie A utiliza Piracy Shield, una plataforma capaz de bloquear transmisiones ilegales en menos de 30 minutos. Este sistema ha sido impulsado por AGCOM, la autoridad de comunicaciones italiana, y se complementa con una legislación reformada en octubre que establece penas de hasta un año de prisión y multas de 5.000 euros para los usuarios que accedan a retransmisiones ilegales.
En cifras, el país afirma bloquear hasta 18.000 enlaces en un solo fin de semana, y ya ha sancionado a 2.266 usuarios de 80 provincias italianas. Además, la Serie A colabora activamente con plataformas como Facebook e Instagram para cortar la emisión de partidos en redes sociales.
Francia: crisis de derechos y ofensiva legal
La Ligue 1 vive una tormenta perfecta: a los crecientes niveles de piratería —con 2,5 millones de espectadores ilegales y un 40 % del público accediendo a los partidos por vías no oficiales— se suma una crisis sin precedentes en la gestión de los derechos televisivos. El pasado 2 de mayo, la liga francesa y DAZN rompieron su contrato, dejando en el aire la emisión de la temporada 2025-2026.
Ante este panorama, Francia activó en 2022 un mecanismo de bloqueo dinámico judicial, intensificó las campañas de concienciación, y en mayo de 2024 un tribunal de París ordenó el bloqueo de páginas que retransmitían partidos de LALIGA en Francia. Pero el paso más polémico llegó en mayo de 2025: el Tribunal de Justicia de París dictó una sentencia pionera contra las VPN, exigiendo que colaboren en el bloqueo de contenidos pirata. Una decisión que pone en cuestión el equilibrio entre seguridad, libertad de navegación y privacidad digital.
Alemania: redes criminales y consecuencias económicas
En Alemania, la Bundesliga combate la piratería con una estrategia coordinada entre la DFL, Sky, DAZN y las autoridades policiales. Cada jornada se detectan unas 10.000 transmisiones ilegales, muchas orquestadas desde redes criminales organizadas.
Steffen Merkel, CEO de la DFL, advierte del daño colateral: los usuarios legales terminan pagando más. Y desde Sky alertan sobre los riesgos reales para los consumidores, que pueden sufrir robo de datos, malware y fraudes mediante servicios ilegales.
España: el modelo de LALIGA, ¿éxito o abuso?
En España, LALIGA presume de una estrategia integral contra la piratería, con acciones legales, cooperación tecnológica e internacional, campañas de concienciación y herramientas de detección en tiempo real. Entre sus logros destacan la sentencia contra Rojadirecta, condenada a pagar 31,6 millones de euros, y la operación Cristal Azul, que desactivó una red de IPTV con un perjuicio estimado de 42 millones.
Pero bajo esta narrativa triunfalista, empiezan a emerger grietas.
Organizaciones tecnológicas y expertos en derechos digitales denuncian que las peticiones de bloqueo de LALIGA están afectando a miles de webs legítimas, muchas sin vínculo alguno con el fútbol ni con la piratería. Este uso desproporcionado de las herramientas judiciales y técnicas rompe el principio de neutralidad de la red, daña la reputación de sitios legales e incluso afecta a pequeños negocios y medios independientes.
Además, el secretismo con el que se gestionan algunas de estas órdenes de bloqueo impide a los afectados defenderse con transparencia o anticipación, generando un clima de inseguridad jurídica.
“Combatir la piratería es fundamental, pero no a cualquier precio. LALIGA está trasladando su problema a terceros que nada tienen que ver”, señalan desde colectivos que defienden la neutralidad de Internet.
Una lucha necesaria, pero con límites
La batalla contra la piratería en el fútbol es legítima y urgente. Las cifras de pérdidas son millonarias, y la sostenibilidad de las competiciones depende en gran parte de los derechos audiovisuales. Pero la lucha no puede pisar principios esenciales como la proporcionalidad, la libertad digital o el derecho al acceso a la información.
En este sentido, España tiene una asignatura pendiente: revisar si su modelo de bloqueo masivo realmente es eficaz o si está causando más daños colaterales que beneficios reales.
La clave del futuro no solo está en perseguir a los piratas, sino en construir una oferta legal, accesible y respetuosa con los derechos digitales de todos. Porque defender el fútbol no debería significar atacar Internet.
