La próxima subasta de los derechos de LaLiga para el periodo 2027/28–2031/32 no solo decidirá quién emite el fútbol en España. También puede redefinir cómo se navega por internet, qué se puede ver a través de una VPN y hasta qué punto una operadora como Movistar estará obligada a ayudar a identificar a quienes ven partidos de forma pirata.
El nuevo pliego de condiciones de LaLiga vincula de forma directa el negocio del fútbol de pago con la lucha contra la piratería, y coloca a los futuros adjudicatarios —entre ellos, una Movistar muy interesada en mantener el fútbol como palanca comercial— en el centro de una estrategia que va mucho más allá de cortar enlaces a webs ilegales.
El contexto: el fútbol como ancla comercial de Movistar
Los contenidos premium de Movistar Plus+ siguen siendo el gran gancho para los hogares con mayor poder adquisitivo. La oferta de fútbol, cine y series es el argumento con el que la operadora justifica sus paquetes convergentes más caros y retiene a sus clientes de mayor valor.
Tras haber perdido parte de los derechos de baloncesto y ver cómo DAZN y otras plataformas disputan cada vez más el territorio deportivo, Telefónica quiere volver a blindarse con el producto estrella: los partidos de Primera División a partir de 2027. LaLiga ha puesto en marcha la subasta del nuevo ciclo 2027–2032 y mantiene abierta la recepción de ofertas hasta el 28 de noviembre, con la posibilidad de que entren nuevos actores como Amazon, además de los ya habituales Movistar y DAZN.
Todo este proceso se enmarca en el Real Decreto-ley 5/2015, que permitió hace diez años la venta centralizada de los derechos de la competición, pero también dio a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un papel clave de supervisión previa.
Bloqueos más allá de 2027: de las sentencias a las cláusulas de contrato
Hasta ahora, LaLiga se ha apoyado en una resolución judicial que permite ordenar a las operadoras bloqueos “dinámicos” de dominios, IPs y servicios que distribuyen señal pirata durante las jornadas de liga. Esos bloqueos se renuevan y actualizan en tiempo real, y están autorizados hasta el final de la temporada 2026/27.
Para extender esa capacidad más allá de 2027, la patronal de los clubes necesita nuevas autorizaciones judiciales. Y aquí entra el nuevo pliego: cualquier operador que quiera los derechos se compromete a colaborar activamente con LaLiga para obtener esas nuevas resoluciones, reforzando el andamiaje legal de los bloqueos.
Pero el documento va más lejos. El “Procedimiento de solicitud de ofertas” para 2027/28–2031/32 establece que los adjudicatarios se obligan, de forma “voluntaria, expresa y directa” y sin necesidad de intervención judicial, a bloquear de forma inmediata los dominios, subdominios, direcciones IP, páginas y recursos web que LaLiga les notifique como infractores, aportando pruebas mediante proveedores de confianza y un informe de su departamento antifraude.
En la práctica, esto significa que el propio contrato de derechos se convertiría en una suerte de “auto-orden judicial” permanente: basta la notificación de LaLiga para que el operador tenga que aplicar el bloqueo en su red.
Sistemas anti-VPN, geobloqueo y “huella” del usuario
La ofensiva no se limita a las webs de IPTV o listas de canales ilegales. El apartado 6.6 del pliego detalla un amplio catálogo de medidas técnicas contra el fraude audiovisual que los adjudicatarios deberán implementar. Entre ellas, figuran:
- Sistemas de DRM y rotación de claves de cifrado.
- Sistemas y medidas para evitar la captura de imagen y audio.
- Diferenciación de claves entre distintas calidades de vídeo.
- Sistemas anti-VPN y geobloqueo, tanto a nivel de aplicación como de CDN.
- Verificación de la ubicación de los abonados.
- Marcas de agua visibles (“fingerprint”) para poder identificar al usuario concreto que está emitiendo o reemitiendo la señal.
Además, el documento obliga a los adjudicatarios a implantar todas las medidas necesarias para impedir la copia, almacenamiento, redifusión o envío de los contenidos, tanto en directo como bajo demanda. Y establece que deberán suministrar información que permita localizar “puntos y focos de retransmisión no autorizada”, marcando la señal en origen para determinados territorios.
En paralelo, LaLiga exige por contrato que sus socios audiovisuales se comprometan a llevar ante la justicia no solo a las señales piratas, sino también a los usuarios que se beneficien de ellas, reforzando una línea de actuación que ya había ensayado en el pasado con acciones civiles individuales. (Cinco Días)
VPN, DNS y hostings en la diana
Una de las grandes novedades es la extensión de los bloqueos más allá de las operadoras clásicas. El pliego indica que los adjudicatarios deberán “impulsar acciones judiciales y extrajudiciales” para hacer efectivos los bloqueos frente a terceros intermediarios cuyos servicios se utilicen para eludirlos. Y cita explícitamente a:
- Proveedores de VPN.
- Servicios de proxy inverso.
- Servicios de anonimización.
- Proveedores de DNS.
- Empresas de hosting.
El objetivo declarado es que esas compañías apliquen los mismos bloqueos que las telecos cuando reciban una orden relacionada con contenidos de LaLiga. En la práctica, esto podría traducirse en presiones judiciales y contractuales sobre empresas de VPN o DNS públicos, especialmente si están radicadas en la Unión Europea o prestan servicios dirigidos al mercado español.
Desde el sector deportivo se argumenta que la piratería se ha sofisticado y se apoya cada vez más en conexiones que se ocultan tras VPN, proxys o servicios DNS alternativos. En medios especializados se recoge que LaLiga quiere que incluso las conexiones que se detecten compartiendo contenido fraudulento puedan ser bloqueadas de forma inmediata y automática, aunque estén “túnelizadas” a través de estos servicios. (Palco23)
De la IP al buzón de casa: identificación de usuarios piratas
La otra pata del sistema es la identificación individual de los usuarios que acceden a contenidos pirata. El pliego establece que los adjudicatarios que sean, además, operadores de telecomunicaciones y prestadores del servicio de internet se comprometen a cooperar activamente en diligencias preliminares u otras acciones judiciales, a instancias de LaLiga, para identificar a aquellos clientes que, a través de su acceso a internet, consumen contenidos de forma ilícita mediante sistemas como el P2P (AceStream) o el cardsharing.
Hay un matiz relevante: el texto señala que estos operadores se comprometen a no impugnar las resoluciones judiciales que se dicten en este ámbito, reduciendo de facto la capacidad de las telecos para discutir el alcance o la proporcionalidad de las órdenes de identificación.
En los últimos años, LaLiga ya ha recabado datos de usuarios en investigaciones similares y ha llegado a enviar cartas certificadas a clientes identificados, reclamando cantidades que se han situado entre 262 y 450 euros para evitar una demanda. Ese precedente invita a pensar que, con un marco contractual más agresivo, la presión sobre los usuarios podría aumentar si se considera que colaboran en la distribución de fútbol pirata por IPTV, cardsharing o P2P. (Banda Ancha)
Si Movistar se adjudica los nuevos derechos, su doble condición de gran plataforma de televisión de pago y principal operador de banda ancha fija en España la colocaría en el centro de esta estrategia: sería, a la vez, socio audiovisual y proveedor de la conexión que LaLiga quiere monitorizar y, llegado el caso, utilizar como prueba.
La CNMC avisa: LaLiga se “extralimita” y asume poderes que no tiene
El informe INF/CNMC/238/25, publicado a finales de octubre, analiza en detalle la propuesta de LaLiga para el ciclo 2027/28–2031/32. El regulador concluye que el diseño actual no cumple determinados requisitos del Real Decreto-ley 5/2015 y pide cambios de calado.
En materia antipiratería, la CNMC considera que el pliego impone al adjudicatario obligaciones de colaboración “desproporcionadas”. Menciona, por ejemplo, la obligación de adoptar “al menos” una docena de medidas de geo-bloqueo y restricción de copia, dando a entender que ese catálogo es solo el mínimo exigible y que LaLiga se reserva la facultad de pedir aún más, con el coste que ello supone para el adjudicatario.
El informe también critica que se exija a los operadores intervenir como parte perjudicada en procedimientos judiciales instados por LaLiga, algo que el organismo ve como una injerencia injustificada en la estrategia legal y en el funcionamiento corporativo de un tercero.
El punto más sensible, sin embargo, es la cláusula que obliga a los adjudicatarios a acordar el bloqueo inmediato de dominios, subdominios, IPs y páginas web notificados por LaLiga “sin necesidad de intervención judicial”. Según la CNMC, esto genera inseguridad jurídica y, sobre todo, convierte a LaLiga en “juez” de una eventual vulneración de derechos de propiedad intelectual, una facultad de la que carece.
En sus conclusiones, el regulador pide a la Liga que se ciña a las facultades que le otorga la ley —la mera comercialización conjunta de derechos—, que no dé a entender que es productora o titular de derechos que corresponden a los clubes y que limite las obligaciones de colaboración de los adjudicatarios a las indispensables para comercializar el producto, evitando cargas desproporcionadas. También le insta a diseñar los lotes de forma que no conduzcan a una concentración de los derechos en un solo operador y a reducir la duración de los contratos a un máximo de tres temporadas, para mantener la competencia. (El País)
Qué se juegan los usuarios si Movistar acepta estas condiciones
Si Telefónica decide ir a por el paquete más ambicioso y se queda con los derechos residenciales de LaLiga, asumirá de facto el papel de brazo ejecutor técnico de buena parte de esta estrategia antipiratería. Para sus clientes de televisión, el impacto principal será seguir teniendo acceso al catálogo de fútbol más completo del mercado. Para sus clientes de fibra y móvil, el horizonte es más complejo.
En el mejor de los casos, los bloqueos se centrarán en dominios y servicios claramente orientados a la piratería, con resolución judicial y procedimientos garantistas. En el peor, el despliegue de sistemas anti-VPN, geobloqueo agresivo y bloqueos “preventivos” a petición de LaLiga podría generar falsos positivos, afectando a usuarios que utilizan VPN por motivos de teletrabajo, privacidad o seguridad, y no para ver fútbol.
El equilibrio entre la protección de un negocio multimillonario y los derechos digitales de los ciudadanos volverá a estar en el centro del debate. Y aunque la última palabra en muchos de estos aspectos la tendrán los tribunales, el punto de partida lo marcan unos contratos en los que LaLiga intenta blindarse al máximo… y en los que Movistar, si quiere seguir siendo “la casa del fútbol”, tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar.
Preguntas frecuentes sobre los nuevos bloqueos de LaLiga y el papel de Movistar
¿Qué son los “bloqueos dinámicos en directo” que quiere LaLiga y cómo afectan a la conexión de casa?
Los bloqueos dinámicos en directo son órdenes que permiten a las operadoras cortar, en tiempo real, el acceso a dominios, IPs y servicios que están distribuyendo señal pirata de LaLiga durante los partidos. Hasta ahora se aplican al amparo de una resolución judicial válida hasta la temporada 2026/27, y se activan típicamente los días de partido para frenar webs e IPTV ilegales. El nuevo pliego obliga a los futuros adjudicatarios a ayudar a LaLiga a conseguir nuevas autorizaciones judiciales para seguir aplicando este tipo de bloqueos a partir de 2027, y además les compromete a bloquear lo que LaLiga les notifique incluso sin esa intervención judicial previa.
¿En qué puede afectar esto al uso de VPN y DNS públicos por parte de los usuarios?
El documento de LaLiga menciona de forma expresa la obligación de actuar contra servicios utilizados para eludir los bloqueos, como proveedores de VPN, proxys inversos, servicios de anonimización, DNS alternativos y hostings. Eso significa que, si estas medidas salen adelante tal y como están redactadas, una VPN o un DNS público podrían recibir presiones judiciales o contractuales para aplicar los mismos bloqueos que las operadoras. En la práctica, el impacto real dependerá de la jurisdicción donde estén radicados esos servicios, de la respuesta de los tribunales y de cómo se interprete la proporcionalidad de esas órdenes. No hay una prohibición genérica de las VPN, pero sí un intento claro de limitar su uso cuando se trate de acceder a fútbol pirata.
¿Puede Movistar identificar a un abonado concreto que vea fútbol pirata por AceStream o IPTV?
El pliego establece que los adjudicatarios que sean operadores de telecomunicaciones deben cooperar activamente en diligencias preliminares y otras acciones judiciales para identificar a clientes que, a través de su acceso a internet, consuman contenidos de LaLiga de forma ilícita mediante sistemas como AceStream o el cardsharing, y además se comprometen a no recurrir las resoluciones judiciales en esta materia. Eso abre la puerta a que, si un juez lo ordena y la IP asociada a un flujo pirata corresponde a una conexión de Movistar, la operadora deba facilitar la identidad del titular de la línea. En el pasado, LaLiga ya ha utilizado datos similares para enviar cartas con reclamaciones económicas a usuarios identificados.
¿Qué margen tiene la CNMC para frenar las medidas más duras antes de 2027?
La CNMC emite un informe previo obligatorio, pero no vinculante. Puede pedir a LaLiga que corrija cláusulas que exceden el marco legal, que limite la duración de los contratos o que reduzca obligaciones que considera desproporcionadas, pero no puede vetar directamente el pliego. La experiencia de licitaciones anteriores muestra que LaLiga no siempre atiende todas las recomendaciones del regulador. En última instancia, si algún operador considera que ciertas obligaciones vulneran la normativa, puede impugnarlas ante los tribunales. Lo que ocurra en los próximos meses —si la Liga introduce cambios y cómo responden los candidatos, entre ellos Movistar— será clave para saber hasta dónde llegarán realmente estos bloqueos y medidas antipiratería en la próxima década.
Fuentes:
- Procedimiento de solicitud de ofertas para la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga en España, clientes residenciales, temporadas 2027/28 a 2031/32 (LaLiga).
- Informe INF/CNMC/238/25 sobre la propuesta de comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de la Primera División del Campeonato Nacional de Liga en España y Andorra para las temporadas 2027/28 a 2031/32 (CNMC).
- Nota de prensa de la CNMC sobre los derechos audiovisuales de LaLiga a partir de la temporada 2027/28.
vía: bandaancha.eu, Informe CNMC y Pliego LaLiga
