La organización de ciberseguridad denuncia un «precedente peligroso» y cuestiona la proporcionalidad de las medidas. LALIGA defiende la legalidad del proceso y su compromiso contra el fraude audiovisual.

La organizadora del prestigioso congreso de ciberseguridad RootedCON ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución judicial que permitió a LALIGA y Telefónica bloquear el acceso a determinadas páginas web, en el marco de la lucha contra la piratería de emisiones deportivas. La decisión, según RootedCON, responde a su preocupación por la falta de garantías en el procedimiento y el impacto sobre los derechos digitales de empresas, usuarios y el ecosistema tecnológico español.

En un comunicado difundido en redes sociales, RootedCON ha calificado la medida de «desproporcionada, opaca y carente de garantías» y ha advertido del “precedente extremadamente peligroso” que se sienta con su aplicación. La organización considera que la resolución judicial vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y la tutela judicial efectiva, todos ellos recogidos en la Constitución Española.

El recurso de amparo se produce tras la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, que desestimó las solicitudes de nulidad presentadas por RootedCON y la empresa de servicios de red Cloudflare, permitiendo que LALIGA continuase bloqueando direcciones IP para combatir la piratería.

Críticas a los efectos colaterales de los bloqueos

Según denuncian desde RootedCON, estas acciones han tenido efectos colaterales graves, afectando a decenas de miles de páginas web legales, incluidos servicios de videojuegos, redes sociales, plataformas de pago como Redsys, tiendas online y páginas corporativas. Durante las retransmisiones de los partidos de fútbol, usuarios han reportado interrupciones que se prolongan durante horas, provocando pérdidas económicas y problemas de accesibilidad a servicios esenciales.

El diputado del BNG Néstor Rego también ha intervenido en el debate, solicitando públicamente la actuación del Gobierno para frenar estas prácticas, que ha calificado de “abusivas” y carentes de control judicial efectivo. Rego ha recordado que, según la sentencia inicial de 2022 que autorizaba estos bloqueos, no debían producirse perjuicios a terceros, algo que, según él, no se está cumpliendo.

La respuesta de LALIGA

En respuesta a estas críticas, LALIGA ha emitido un comunicado oficial en el que afirma que «respeta y cumple con el ordenamiento jurídico» y que acoge con naturalidad la presentación del recurso de amparo, cuya admisión aún debe resolverse. La organización recuerda que en marzo de 2025 el mismo juzgado desestimó íntegramente las solicitudes de nulidad presentadas, reafirmando que la actuación se ajusta a la legislación vigente sobre propiedad intelectual y servicios digitales.

“La resolución judicial está perfectamente fundada conforme a derecho”, afirman desde LALIGA, subrayando además que los solicitantes “carecían de legitimación para invocar los derechos que decían ostentar”. El auto judicial —según la entidad— considera que “no se ha producido perjuicio alguno, ni se ha identificado, cuantificado ni aportado prueba en ese sentido”.

Un choque entre derechos y sostenibilidad del modelo

LALIGA se mantiene firme en su compromiso contra el fraude audiovisual, alegando que la protección de los derechos audiovisuales es clave para la sostenibilidad de la competición, los clubes y el conjunto de la industria del deporte y el entretenimiento. La entidad señala que el procedimiento seguido para solicitar y ejecutar los bloqueos ha contado con respaldo judicial en todo momento y se ha realizado conforme al marco legal establecido.

RootedCON, por su parte, considera que estas prácticas se asemejan más a mecanismos de censura propios de “regímenes autoritarios del siglo pasado” que a los de una democracia moderna. Por ello, insta a abrir un debate público en el Congreso de los Diputados sobre los límites del control de Internet y las salvaguardas que deberían aplicarse para evitar abusos y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

A la espera del Tribunal Constitucional

El recurso de amparo presentado por RootedCON deberá ahora pasar el trámite de admisión en el Tribunal Constitucional. De ser aceptado, abriría la puerta a una revisión más profunda sobre la legalidad y proporcionalidad de los bloqueos preventivos en Internet aplicados por entidades privadas con respaldo judicial.

Mientras tanto, el conflicto entre la lucha contra la piratería y los derechos digitales sigue generando un intenso debate en España, en un momento donde el uso de medidas tecnológicas para el control de contenidos online plantea crecientes desafíos jurídicos, éticos y sociales.