De estar en el punto de mira a convertirse en aliados estratégicos: Twitch y Vercel han firmado acuerdos de colaboración con LaLiga tras semanas de polémica por el bloqueo masivo de IPs. Mientras tanto, Cloudflare permanece en solitario frente al pulso regulador del fútbol español.

Durante las últimas semanas, LaLiga ha intensificado su lucha contra las retransmisiones no autorizadas de partidos de fútbol en Internet. Pero el despliegue de su estrategia —basada en el bloqueo judicial de direcciones IP— ha desencadenado un efecto colateral no deseado: la afectación de servicios digitales legítimos, entre ellos plataformas como Twitch, Vercel, o incluso la RAE, provocando desconexiones injustificadas para miles de usuarios.

Sin embargo, en un giro inesperado, LaLiga ha anunciado acuerdos con Twitch y Vercel para colaborar en la detección temprana y retirada de emisiones ilegales desde sus infraestructuras, en lo que ya se perfila como un nuevo modelo de cooperación público-privada para combatir la piratería digital sin dañar el ecosistema legítimo de Internet.

Del enfrentamiento al entendimiento: ¿qué cambió?

El origen del conflicto se remonta a la aplicación judicial de medidas antipiratería impulsadas por LaLiga, amparadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y recientemente reforzadas por el Real Decreto-ley 24/2021. Esta normativa permite solicitar el bloqueo de páginas y servicios que retransmitan contenidos deportivos sin autorización, sin necesidad de iniciar procedimientos individuales contra cada infractor.

En la práctica, sin embargo, esta facultad ha derivado en bloqueos masivos de direcciones IP, que han llegado a afectar incluso a plataformas que nada tenían que ver con la piratería. En el caso de Twitch, se registró una caída de tráfico en España de más del 10% durante el partido Real Madrid-Celta, coincidiendo con una intervención judicial.

Por su parte, Vercel —empresa de infraestructura cloud utilizada por desarrolladores y startups— denunció públicamente que LaLiga estaba bloqueando sus servidores sin aviso ni prueba directa. Su CEO, Guillermo Rauch, calificó la medida de “censura sin revisión judicial”.

A pesar del cruce de declaraciones, la presión parece haber surtido efecto. Ambas compañías han optado por una vía de colaboración preventiva con LaLiga: ahora trabajarán junto al equipo Antifraude de la organización para desactivar posibles retransmisiones ilegales en un tiempo medio de 15 minutos desde su detección.

El nuevo modelo: cooperación selectiva para evitar daños colaterales

LaLiga ha defendido esta evolución como una solución «eficaz y proporcional» frente a la piratería. El nuevo marco evita el bloqueo preventivo de grandes rangos de IP, y en su lugar opta por la detección proactiva con respuesta casi inmediata por parte del proveedor afectado. Twitch, Vercel, Gcore y Scaleway han firmado ya su adhesión al programa.

En palabras de LaLiga, esta estrategia garantiza «el equilibrio entre la protección de los derechos audiovisuales y el respeto a los servicios digitales legítimos».

Los firmantes también ven beneficios: se reducen los riesgos de interrupciones injustas para sus clientes, evitan litigios costosos y refuerzan su imagen de compromiso frente a la piratería.

Cloudflare, el último resistente

Mientras otros actores se alinean con el nuevo enfoque, Cloudflare sigue siendo la gran excepción. El proveedor estadounidense de seguridad web y rendimiento en la nube ha sido señalado en varias ocasiones por LaLiga como obstáculo en la lucha contra la piratería, al facilitar la ocultación de servidores infractores mediante servicios de proxy inverso y DNS ofuscados.

A diferencia de Twitch y Vercel, Cloudflare ha optado por la vía judicial, impugnando las órdenes de bloqueo en los tribunales españoles. Hasta ahora, sus recursos han sido rechazados o desestimados, lo que ha contribuido a mantenerlo en el centro de los bloqueos.

Según fuentes del sector, esta falta de colaboración ha convertido a Cloudflare en un objetivo prioritario de las campañas antipiratería, lo que afecta de forma indirecta a decenas de empresas y proyectos legales que confían en su infraestructura para garantizar el uptime y la seguridad de sus sitios web.

¿Hacia un nuevo estándar de corresponsabilidad tecnológica?

La situación plantea preguntas más profundas sobre el rol de los intermediarios digitales frente a la piratería y la legalidad de las medidas técnicas adoptadas. ¿Hasta qué punto debe un proveedor de infraestructura ser responsable del uso que terceros hacen de sus servicios? ¿Dónde se traza la línea entre cooperación y censura?

Mientras el debate continúa, el caso de LaLiga demuestra que los titulares de derechos están cada vez más dispuestos a presionar a los proveedores de servicios para que se impliquen activamente en la detección y eliminación de contenidos ilícitos.

Y aunque los acuerdos con Twitch y Vercel suponen una mejora respecto al bloqueo indiscriminado de IPs, también abren la puerta a un modelo más vigilante, donde la neutralidad tecnológica podría quedar en entredicho si no se establecen salvaguardas claras.

vía: Genbeta