Corea del Sur quiere convertir el acceso a la inteligencia artificial en un servicio al alcance de cualquier ciudadano. Su Gobierno ha seleccionado tres consorcios empresariales para desarrollar “AI for All”, un programa que ofrecerá gratuitamente un chatbot de IA generativa sin límites de uso y agentes capaces de ayudar a realizar gestiones con la Administración. La iniciativa todavía está en fase de despliegue, pero plantea una cuestión que pronto podría llegar a otros países: ¿debería existir una IA pública básica igual que existen otros servicios digitales de la Administración?
Las claves de la IA gratuita de Corea del Sur en 30 segundos
- Corea del Sur quiere ofrecer IA generativa gratuita y sin límites de uso a toda su población antes de terminar 2026.
- Tres consorcios encabezados por SK Telecom, KT y Kakao desarrollarán los servicios.
- El Estado aportará un total de 512 GPU NVIDIA B200 durante este año.
- Los asistentes podrán ayudar también con prestaciones y determinados trámites públicos.
- Un programa parecido sería técnicamente posible en España y la UE, aunque exigiría resolver costes, privacidad, seguridad, contratación pública y acceso a datos administrativos.
La propuesta surcoreana va más allá de regalar una suscripción a un chatbot comercial. El objetivo declarado por el Ministerio de Ciencia y TIC (MSIT) es que cualquier ciudadano pueda utilizar inteligencia artificial independientemente de sus ingresos, edad o conocimientos digitales. Corea calcula que unos 23 millones de personas ya habían utilizado IA generativa en el país, pero todavía existía aproximadamente un tercio de la población que no utilizaba estas herramientas.
El programa intenta actuar sobre esa diferencia y, al mismo tiempo, reforzar la industria nacional. Al menos el 50 % de los servicios deberá apoyarse en modelos nacionales que cumplan los criterios establecidos por el Gobierno.
Una IA que también podrá relacionarse con la Administración
La parte más llamativa del proyecto aparece cuando se observa qué podrá hacer la IA.
Corea del Sur no quiere limitarla a redactar textos, resumir documentos o contestar preguntas. El Gobierno contempla un agente público de inteligencia artificial capaz de localizar ayudas y prestaciones que correspondan a una persona e incluso asistirla en su solicitud.
La evolución que plantea el Ministerio permite entender la diferencia.
Un ciudadano podría pedir a un chatbot que prepare un viaje y recibir recomendaciones. Un agente, en cambio, podría utilizar esas recomendaciones para realizar posteriormente reservas y pagos, siempre que tuviera autorización para hacerlo.
Trasladado a los servicios públicos, el concepto resulta mucho más ambicioso.
Un asistente podría explicar inicialmente qué documentación necesita una persona para solicitar una ayuda. El siguiente paso sería comprobar requisitos, recuperar información disponible en la Administración, completar formularios y acompañar al ciudadano durante el procedimiento.
Eso permitiría acercar la Administración electrónica a personas que actualmente tienen dificultades para manejar certificados, formularios, sedes electrónicas o procedimientos administrativos complejos.
Pero también elevaría considerablemente las exigencias de seguridad.
Un chatbot que se equivoca al resumir un documento puede causar una molestia. Un agente que actúa sobre un expediente administrativo, una prestación económica o información sanitaria puede provocar consecuencias mucho mayores.
¿Qué ocurriría si otros países copiaran el modelo?
Si programas similares se extendieran, el mercado de la inteligencia artificial podría cambiar de manera considerable.
Hasta ahora el acceso a los modelos más avanzados sigue un esquema principalmente comercial: existe una modalidad gratuita limitada y quien necesita más capacidad paga una suscripción.
Un servicio público universal introduciría una alternativa.
Cada ciudadano podría disponer de una capacidad mínima de inteligencia artificial financiada públicamente, mientras los servicios privados continuarían compitiendo con modelos más potentes, funciones profesionales, mayor capacidad o herramientas especializadas.
Podría aparecer algo parecido a lo ocurrido con otros servicios digitales públicos. La Administración proporciona una infraestructura básica y el sector privado desarrolla productos adicionales alrededor de ella.
También podría reducirse una nueva forma de brecha digital.
Si utilizar buenos modelos de IA acaba aumentando la productividad de estudiantes, trabajadores autónomos, profesionales y pequeñas empresas, la diferencia entre quien puede pagar varias suscripciones mensuales y quien no puede hacerlo podría adquirir importancia económica.
Corea del Sur está intentando evitar precisamente que la capacidad para utilizar IA termine convirtiéndose en otra fuente de desigualdad.
Pero universalizar el acceso también tendría un coste considerable.
Una cosa es proporcionar una aplicación a 50 millones de personas y otra muy distinta financiar todas las inferencias que esas personas pueden generar. Un usuario ocasional apenas consume recursos; uno que genere vídeos, analice documentos constantemente o utilice agentes durante horas puede multiplicar el gasto.
El concepto de uso ilimitado tendrá que demostrar por tanto que funciona económicamente a escala nacional.
¿Podría España ofrecer una IA pública gratuita?
Sí, técnicamente podría hacerlo.
España dispone ya de varias piezas que permitirían plantear un programa parecido, aunque actualmente no existe un “AI for All” español equivalente al anunciado por Corea del Sur.
Una de ellas es ALIA, la familia pública de modelos desarrollada dentro de la estrategia española de inteligencia artificial. El Gobierno la presenta como una infraestructura pública, abierta y gratuita destinada a empresas y administraciones, con especial atención al castellano y las lenguas cooficiales.
España cuenta además con infraestructura de supercomputación y participa activamente en el programa europeo de AI Factories.
La Comisión Europea contabiliza actualmente 19 fábricas de IA y 13 antenas asociadas en Europa. España aparece con dos iniciativas, BSC AI Factory y 1HealthAI. Estas instalaciones proporcionan capacidad de computación principalmente para desarrollar modelos y aplicaciones y están abiertas a empresas, investigadores, universidades y autoridades públicas.
La inversión conjunta europea en supercomputación y fábricas de IA durante el periodo 2021-2027 alcanza los 10.000 millones de euros a través de EuroHPC.
Por tanto, Europa ya está construyendo buena parte de la infraestructura necesaria.
Lo que falta para reproducir el modelo coreano es una decisión diferente: utilizar parte de esa capacidad para ofrecer un servicio cotidiano directamente al ciudadano.
Cómo podría funcionar una “IA para todos” española
España no tendría necesariamente que copiar literalmente el proyecto surcoreano.
Una posibilidad sería utilizar modelos como ALIA para crear un asistente público accesible desde web y móvil que ayudase a los ciudadanos a entender procedimientos administrativos.
Posteriormente podría conectarse, con los permisos correspondientes, a servicios existentes.
El ciudadano podría preguntar por una beca, una ayuda para vivienda o un determinado procedimiento tributario. La IA podría explicar los requisitos utilizando información oficial y dirigir al usuario hacia el trámite correspondiente.
En una fase más avanzada podría ayudar a completar la solicitud o recuperar datos que ya obran en poder de la Administración, siempre con autorización expresa.
Ese último paso sería considerablemente más complejo.
La Administración tendría que establecer qué puede hacer el agente, qué información puede consultar, cómo se identifica al ciudadano, quién responde ante un error y qué operaciones requieren confirmación humana.
España ya está trabajando precisamente en reglas para el uso de inteligencia artificial dentro de la Administración. El proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y gobernanza de la IA aprobado por el Gobierno en mayo contempla, entre otras medidas, un inventario de sistemas de inteligencia artificial utilizados en procedimientos administrativos.
La regulación europea tampoco impediría por principio un servicio de este tipo. Lo que haría sería imponer diferentes obligaciones dependiendo del uso y del riesgo asociado.
Europa podría llevar la idea todavía más lejos
Existe además otra posibilidad: que el proyecto no fuese exclusivamente español.
La Unión Europea dispone de una escala de aproximadamente 450 millones de habitantes, capacidad de supercomputación compartida y un marco regulatorio común.
Una plataforma europea podría proporcionar una capa básica de IA y permitir que cada Estado conectase después sus propios servicios públicos.
No tendría necesariamente que existir un único modelo.
Podrían utilizarse diferentes modelos europeos dependiendo del idioma, la especialidad y el procedimiento solicitado. Las fábricas europeas de IA proporcionarían parte de la capacidad de computación mientras cada Administración mantendría el control sobre sus sistemas y datos.
La UE ya ha comenzado a financiar proyectos de IA generativa específicamente destinados a administraciones públicas. Tres nuevos pilotos europeos comenzaron el 1 de julio de 2026 para probar soluciones aplicadas a necesidades concretas de autoridades y ciudadanos.
La distancia con Corea del Sur está fundamentalmente en el destinatario.
Europa está construyendo capacidad para investigadores, empresas y administraciones. Corea quiere colocar también esa capacidad directamente delante de cada ciudadano.
Gratis no significa necesariamente sin coste
El debate económico sería inevitable si España o Europa decidieran seguir ese camino.
Una IA pública gratuita seguiría necesitando centros de datos, aceleradores, electricidad, almacenamiento, redes, refrigeración, desarrollo de software y personal especializado.
La cuestión sería quién paga esa infraestructura y qué se obtiene a cambio.
Un programa público podría justificarse si consiguiera reducir costes administrativos, facilitar el acceso a prestaciones, aumentar la productividad de ciudadanos y pequeñas empresas o disminuir la brecha digital.
También existiría un argumento de soberanía tecnológica. Si millones de europeos utilizan exclusivamente asistentes estadounidenses o chinos, una parte creciente de su interacción digital dependerá de plataformas extranjeras.
Un servicio europeo podría ofrecer otra opción, especialmente para las relaciones con la Administración y el tratamiento de información sensible.
Pero precisamente ahí aparece el mayor riesgo.
Un hipotético asistente público español podría terminar conociendo datos fiscales, laborales, familiares o administrativos del ciudadano. Si además tuviera capacidad para actuar en su nombre, la seguridad, la privacidad y el control humano tendrían que diseñarse desde el principio.
El modelo surcoreano todavía debe demostrar que puede resolver todas estas cuestiones.
Su importancia reside en que el país ha pasado de discutir qué podría hacerse con una IA pública a intentar desplegarla.
España y Europa ya tienen modelos, supercomputadores, fábricas de IA, regulación y administraciones altamente digitalizadas. Técnicamente, muchas de las piezas necesarias están disponibles.
La decisión pendiente sería otra: considerar que una capacidad básica de inteligencia artificial debe estar disponible para cualquier ciudadano, independientemente de que pueda pagar una suscripción privada.
Si Corea del Sur consigue que su experimento funcione, esa discusión probablemente dejará de parecer tan teórica.
Preguntas frecuentes
¿Corea del Sur dará ChatGPT gratis a toda la población?
No. Corea del Sur está desarrollando sus propios servicios dentro del programa “AI for All”. El Gobierno exige además que una parte sustancial se apoye en modelos nacionales.
¿Podría España ofrecer una IA gratuita a todos los ciudadanos?
Técnicamente sí. España dispone de modelos públicos como ALIA y participa en infraestructuras europeas de supercomputación y fábricas de IA, aunque actualmente no existe un programa universal equivalente al surcoreano.
¿Podría una IA española realizar trámites con Hacienda o la Seguridad Social?
Sería técnicamente posible desarrollar agentes conectados con servicios administrativos, pero requeriría sistemas seguros de identificación, autorización y supervisión, además del cumplimiento de la normativa española y europea. No existe actualmente un agente público universal con esas capacidades.
¿Podría existir una IA gratuita para todos los ciudadanos de la Unión Europea?
La infraestructura europea permitiría estudiar un proyecto de ese tipo, pero actualmente las AI Factories están orientadas principalmente a empresas, investigación, desarrollo de modelos y autoridades públicas. Una IA universal para los ciudadanos requeriría una decisión política, financiación y una arquitectura común que hoy no existe.
Fuentes:
- Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur (MSIT), programa AI for All.
- Comisión Europea, programa europeo de AI Factories.
- Corea del Sur llevará IA gratuita a toda su población con agentes públicos.
